De Narvaez no se pone colorado por Citrícola Ayuí
Sample ImageEl candidato de Unión-Pro, Francisco De Narvaez, promete reducir la informalidad laboral pero empleados de Citrícola Ayuí, la empresa que De Narvaez tiene en Concordia, denuncian que los tiene en negro y en condiciones insalubres. El secretario general del Sindicato Obrero de la Fruta, Alcides Camejo, calcula que de las 1.300 personas que, entre recolección y empaque, Citrícola Ayuí utiliza para levantar su cosecha, sólo unas 300 son de planta. “De esta forma –dice Camejo– les sale mucho menos.
Por Carlos Romero (Desde Concordia)
“Promoveremos el trabajo de calidad, reduciendo la informalidad, la ilegalidad y la insalubridad”, promete Francisco de Narváez en uno de los miles de volantes de campaña que entrega en la provincia de Buenos Aires. Pero la promesa electoral del Colorado se ahueca en otros distritos en los que el candidato a diputado nacional de Unión-Pro no busca votos. Como en la localidad de Concordia, Entre Ríos, donde funciona Citrícola Ayuí S.A., una de las tantas “gemas” del Grupo De Narváez. Una empresa que suele recibir denuncias de maltrato por parte de trabajadores y sindicalistas y que apela al uso masivo de mano de obra precarizada para bajar costos, a través de contratistas que en algunos casos llevan la flexibilización laboral hasta el empleo “en negro”.
Ayuí se dedica a la producción de cítricos para consumo local y de exportación. En ese rubro es una de las mayores compañías de Concordia, lo que no es poco decir en una ciudad considerada “capital nacional del citrus”. Tiempo atrás, el propio De Narváez visitaba las instalaciones. Luego fue el turno de sus hijos y hoy los negocios están en manos de dos de sus hombres de confianza: Mario Papini y Javier Zaffore. La compañía, que también se extiende en las provincias de Corrientes y Misiones, cuenta con 1.600 hectáreas y unas 600 mil plantas sembradas.
Además de su sede comercial y un centro de empaque, en Concordia la firma del Colorado tiene su establecimiento más grande: la quinta Mandisoví, con cerca de 400 hectáreas. Justamente el lugar donde el 30 de abril pasado agentes de la Dirección Provincial del Trabajo (DPT), junto a representantes del Sindicato de Obreros de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes, hicieron inspecciones en las agencias de servicios que trabajan para Ayuí. Ese día, descolgando naranjas de los árboles, detectaron a un grupo de 200 recolectores conchabados por uno de los principales contratistas de Ayuí, que hasta ahora no presentó los papeles exigidos por la legislación laboral.
Los inspectores le labraron a la firma Monte Pilone S.R.L. el acta Nº 015897 y la intimaron a presentar en un plazo perentorio la planilla diaria, comprobantes de pago de haberes, de afiliación a la ART y la póliza de seguro de los trabajadores que hacían su faena entre los frutales. Pero a más de un mes de ese reclamo, la empresa “no ha presentado ninguna documentación pedida”, informó el delegado de la DPT de Concordia, José Amandio Giles, y el organismo ya libró actas de infracción, tipificando las faltas –según lo establece la ley 25.212 de Pacto Federal de Trabajo– contra la contratista y contra la propia firma del Grupo De Narváez. “Les queda la etapa sumarial para poder justificar si esta gente estaba o no inscripta, antes de dictaminar la aplicación de las sanciones”, agregó Giles. El delegado explicó que “el acta de infracción se hace para las dos partes, tanto para el contratista como para el empleador principal” porque la empresa que subcontrata es solidariamente responsable, según lo indica el artículo 30 de la ley de Contrato Laboral y la jurisprudencia al respecto.
Según explicó el abogado laboralista Nelson Domínguez, con la responsabilidad solidaria “la ley responsabiliza tanto al empleador directo como al principal por las obligaciones que resulten de los incumplimientos de sus contratistas o subcontratistas, sean deudas salariales, previsionales o indemnizatorias”.
Giles reconoce que “siempre hay problemas con las empresas de servicios. Les liquidan menos días a la gente: trabajan por diez y hacen figurar tres. Así pagan menos jornal al cierre de campaña, menos aguinaldo, menos aportes y menos todo. Lamentablemente, la necesidad lleva a la gente a aceptar esas condiciones”.
La responsabilidad solidaria estableció ciertas reglas para una de las caras más crudas de la flexibilización laboral instaurada en los ’90, cuando varios empresarios hicieron fortuna precarizando a la mano de obra. Una de esas firmas que creció en pleno menemismo fue Casa Tía, extinta cadena de supermercados de la familia De Narváez, donde el Colorado hizo sus primeras armas.
Pero los empleados de la estancia disparan más acusaciones. “Lo que están deseando es sacarse de encima a los fijos y quedarse con los contratados”, asegura Luis Rivero, delegado sindical de una de las cuadrillas de recolectores propios que sobrevive a la fiebre tercerizadora en Ayuí. Una realidad ajena al “trabajo de calidad” que pregona la folletería electoral de Unión-Pro. “El jefe de personal en las reuniones me dice que a ellos les conviene la gente contratada”, cuenta Rivero, con veinte años en Ayuí. “Es más lo que te quitan que lo que te dan. Nos meten presión por los bajos rendimientos y nos piden cada vez más. Dicen que la gente de ‘tercera’ lo hace, pero no sé cómo hacen”, se pregunta.
En el sindicato aseguran que Ayuí es una de las firmas que más “negrea”. Alcides Camejo, secretario general del sindicato, es tajante: “Las cosas son como dice la empresa y si no, te tenés que ir. Es una de las que más terceriza el trabajo. Tienen entre cinco y cuatro agencias de servicio trabajando”. Según los cálculos de Camejo, de las 1.300 personas que, entre recolección y empaque, Ayuí utiliza para levantar su cosecha, sólo unas 300 son de planta. “De esta forma –dice Camejo– les sale mucho menos. Pero si a vos como empresario un trabajador en blanco te sale 100 y la agencia de servicio te lo deja por 30, ¿no ves que algo pasa en el medio?”.
La relación contractual no es el único punto donde la citrícola no escucha la plataforma electoral de su dueño. “Los capataces se han metido en los baños para que los obreros salgan rápido. También contrataron una agencia de seguridad para que un guarda esté en la puerta del baño, controlando cuántas veces va la gente en el día y durante cuántos minutos”, denuncia Camejo, quien recuerda “el caso de una chica que ‘se hizo’ encima”. Se refiere a Beatriz Peralta, una empleada tercerizada del empaque, que hoy mantiene una demanda contra Ayuí y el contratista Servi Citrus.
En octubre de 2008, Peralta se orinó encima como fruto de un sistema que la citrícola intentó –sin éxito– instaurar para evitar el supuesto uso excesivo de los sanitarios. “Había tres tarjetas para mujeres y tres para hombres. Teníamos que esperar a que alguna tarjeta estuviera libre para ir al baño. Imaginate lo que es con las mujeres cuando están con ‘el período’ o cuando tienen cistitis, porque es mucho el frío que se toma”, cuenta Peralta, que todavía no se puede quitar de la cabeza la indignación que sintió. “Al tercero o cuarto día de que estaban las tarjetas –recuerda–, le dije al encargado que estaba desesperada por ir al baño, pero todas las tarjetas estaban utilizadas. La chica de la empresa de seguridad que estaba en la puerta me dijo que no me podía dejar pasar. Pero yo no daba más. Dije ‘que sea lo que Dios quiera’ y entré. Pero así como entré, me hice encima. No pude aguantar hasta llegar al inodoro.”
A pesar de la impotencia, Peralta no hizo ninguna denuncia en el momento. “Tengo tres chicos y dos están estudiando en Rosario. Necesitaba el trabajo”, explica. Pero al día siguiente, cuando llegó al empaque, uno de los encargados la hostigó y al terminar su turno la suspendieron “por hablar”. Después, quiso reincorporarse al trabajo pero le impidieron el ingreso. La justificación, tras 12 años de relación laboral en Ayuí, fue tajante: no la necesitaban más. “Pero sólo me impidieron el acceso. No me echaron, porque tendrían que indemnizarme”, explica Peralta, que demandó a Ayuí y a la contratista por no dejarla llegar a su puesto de trabajo. Hasta ahora las conciliaciones fracasaron y sin acuerdo futuro, el conflicto terminará en juicio. “Hoy –dice Peralta–, prefiero limpiar tres casas antes que volver a la estancia. Se lo dije a la jueza: que vaya tres días. Al segundo va a ver lo que digo.”
El 31 de marzo pasado, Ana María Costen, otra trabajadora de tercera, denunció ante la DPT haber sido increpada por el encargado de una agencia de servicio que ya tenía antecedentes de malos tratos y que la acusó de haberse demorado en el baño. El hecho terminó con la salida del capataz. La hermana de esta trabajadora y también subcontratada por Ayuí, Silvia Graciela Costen, hace cuatro meses que no trabaja. Es parte de una cuadrilla, que alcanza a 60 familias, que se quedó “sin lugar” en el empaque. Dicen que en reemplazo trajeron a recolectores de Tucumán, a los que les pagan menos. Carlos Alejandro Rivero, peón embalador, asegura que hubo un cambio de firma en la contratista y que no les quieren reconocer la antigüedad. “Estas empresas nunca te pagan lo que dice la ley, pero nosotros, en cinco años, logramos que nos pagaran muchas de esas cosas. Debe ser que eso les molestó”, arriesga Costen. Y Rivero agrega: “No tenemos nada, porque para cobrar el fondo de desempleo necesitás el telegrama de despido pero ellos no te citan y listo”.
En una reunión de paritarias, Camejo les dijo a las empresas de la región –donde Ayuí es la de más peso– que les podía pedir “aumentos del 100 por ciento, total no los van a pagar: saben que les sale dos mangos contratar a otras personas”. Una situación que podría cambiar si Francisco de Narváez pusiera en práctica en Concordia las promesas de dignidad laboral que, en plena campaña, pregona por suelo bonaerense. (Fuente: Revista Veintitrés)
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